Octavio Alvarado, abogado de los pobladores de Bello Horizonte y La Unión, sostiene que el problema no es que otras poblaciones accedan al agua de la quebrada Pucayacu, sino que la ampliación proyectada podría reducir el caudal disponible, especialmente durante las épocas de estiaje, afectando incluso a las familias que actualmente ya reciben agua de esa fuente.
Por ello, plantea que se suspenda la ejecución de la ampliación y que la municipalidad busque fuentes alternativas de agua que permitan atender a las nuevas poblaciones sin perjudicar a las que ya cuentan con el servicio. El objetivo, según señala, debe ser que ninguna familia se quede sin agua potable.
Asimismo, cuestiona la evaluación de la disponibilidad hídrica realizada para el proyecto, señalando que habría sido insuficiente porque determinar la capacidad de una quebrada requiere un seguimiento prolongado, especialmente para conocer su comportamiento durante los periodos de estiaje. La eventual responsabilidad por estas deficiencias —indica— tendría que determinarse posteriormente y podría involucrar a funcionarios o proyectistas.