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Exjefe de informática envía carta notarial tras declaraciones de gerente de seguridad

Las declaraciones del gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, Fernando Zamora, durante la última sesión de comuna, generaron la inmediata reacción del exjefe de la Oficina de Informática, Dan Peralta Torres.

Durante su intervención ante el pleno del Concejo Municipal, Zamora señaló que, tras la salida del exfuncionario, comenzaron a presentarse una serie de hechos que, según indicó, llamaron la atención de la actual gestión.

El gerente manifestó que varias cámaras de videovigilancia quedaron inoperativas y afirmó que, durante las inspecciones técnicas, se detectaron daños en la fibra óptica de la municipalidad. Incluso sostuvo que los cables habrían sido deteriorados de manera intencional y que únicamente la red de la comuna resultó afectada, situación que, según precisó, genera sospechas y continúa siendo materia de evaluación.

Asimismo, anunció que en una próxima sesión de comuna expondrá fotografías e informes técnicos relacionados con estos daños, elaborados por la empresa encargada de los trabajos de reparación.

Sin embargo, pocas horas después de estas declaraciones, el exjefe de Informática, Dan Peralta Torres, remitió una carta notarial dirigida al gerente de Seguridad Ciudadana, exigiendo una rectificación inmediata por considerar que las afirmaciones realizadas afectan su honor y reputación.

En el documento, Peralta rechaza cualquier responsabilidad sobre la inoperatividad de las cámaras de videovigilancia y los presuntos daños ocasionados a la fibra óptica municipal. Además, sostiene que las declaraciones del funcionario carecen de sustento técnico y legal, y niega haber participado en algún acto que perjudique el sistema informático de la comuna.

El exservidor municipal otorgó un plazo de tres días hábiles para que el gerente se rectifique públicamente durante una próxima sesión de concejo. De lo contrario, advirtió que iniciará las acciones legales correspondientes, tanto en la vía penal como civil, por una presunta afectación a su honor y buena reputación.