Según el informe semestral de la Comisión de Control Concurrente y Anticorrupción, que expone hallazgos sobre la corrupción en obras públicas en ocho regiones de Perú, detalla cómo 573 proyectos vieron sus costos inflados en 33 mil millones de soles, con algunos superando un aumento del 2,000%, a menudo sin justificación técnica. Además, el documento resalta que 898 obras están paralizadas, representando una inversión en riesgo de 21 mil millones de soles, frecuentemente debido a deficiencias en los expedientes técnicos o tácticas de negociación de los contratistas. A pesar de que el control concurrente ha demostrado ser eficaz en prevenir la corrupción, el informe advierte sobre los intentos de desmantelarlo mediante la reducción de su financiamiento y el despido de especialistas, lo cual pone en peligro la lucha contra la corrupción.
Las 8 regiones a las que se hace referencia en los hallazgos de la Comisión de Control Concurrente y Anticorrupción son: Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Tumbes, Ica, Arequipa y Cusco.
Estas regiones fueron monitoreadas en el informe semestral de gestión de la Comisión, que incluye información de las visitas realizadas a cada una de ellas.
En tanto, se informa que un total de S/ 43,163 millones es la inversión total comprometida en
2,572 obras paralizadas en todo el país de los cuales S/ 22,512 millones
aún no se han ejecutado, a marzo de 2025
Según el análisis realizado por la Comisión de Control Concurrente y Anticorrupción cuyo Presidente es el congresista José León Luna Gálvez, los delitos más comunes detectados en el contexto de las obras públicas y el «perverso esquema» que promueve la corrupción son: Negociación incompatible y Colusión, delitos que son parte de un esquema más amplio impulsado por diversos factores sistémicos, incluyendo errores en expedientes técnicos, otorgamiento de contratos a empresas con dudosa capacidad, y la complicidad de supervisores de obra, lo que lleva a incrementos de costos y paralización de proyectos.
Ante esta situación y para fortalecer el control concurrente, la CEM presentó un proyecto de
ley N° 10046, ya con dictamen favorable de la Comisión de Fiscalización y a
la espera de su debate y votación en el Pleno. La propuesta considera necesario:
Ampliar su cobertura de intervención a las fases del ciclo de inversión:
formulación y evaluación, así como en el funcionamiento.
Restituir el financiamiento del 2% del presupuesto de las inversiones
para la ejecución del control concurrente.
Sancionar penal, civil y administrativamente a los responsables de
inversión (coordinador, supervisor, proyectista, otros) y fijar
responsabilidades civiles, penales y administrativas para quienes
incumplen o demoren las correcciones de las situaciones adversas. Establecer mecanismos para que las entidades cumplan con transferir
los recursos para la ejecución del Control Concurrente.
El Sistema Nacional de Control debe rendir cuentas sobre la aplicación
de este mecanismo de control en cada ejercicio anual, así como
sustentar su proyección anual.
La Contraloría debe crear una dependencia encargada del Control
Concurrente en su estructura orgánica.
Desarrollar programas de capacitación para los actores con
meritocracia relacionados a la normatividad, proceso, procedimientos
y gestión operativa del Control Concurrente.
Además, el CEM propone demandar al contralor, a que cese en su intento de eliminar el control concurrente, mediante normas que obstruyen la operatividad de este
modelo. Exhortar al Poder Ejecutivo a retroceder en su intento de desmantelar al
Sistema Nacional de Control, a través de recortes presupuestales que
buscan evitar la fiscalización y la lucha contra la corrupción.
Remisión de actuados al Ministerio Público, a la Comisión de
Fiscalización y Contraloría y a la Contraloría General de la República
Remitir el Informe semestral de la CEM y sus anexos al Ministerio Público, para que, en mérito a su competencia y atribuciones, proceda a investigar.

